Soy Antonio Rodas, y como abogado especializado en delitos económicos, puedo ayudarte a conseguir el mejor resultado posible en tu caso.
Entiendo lo complejo que puede resultar enfrentar un proceso penal por un delito económico, ya que las consecuencias pueden ser graves y afectar diversos aspectos de tu vida, desde tus relaciones personales hasta tu estabilidad financiera. Pero no tienes por qué enfrentarlo solo. Como abogado especialista en delitos económicos, cuento con la experiencia y conocimientos necesarios para defender tus derechos y buscar la mejor resolución para tu caso. Mi objetivo es brindarte apoyo y asesoramiento legal durante todo el proceso, para que puedas sentirte respaldado y tomar decisiones informadas en cada etapa del proceso penal.
Antes de abordar los delitos económicos, es imprescindible saber que se entiende por patrimonio y por orden socioeconómico, pues con la persecución del delito económico se pretende proteger ambos bienes jurídicos.
El concepto jurídico de patrimonio se refiere al conjunto de bienes, derechos y obligaciones que pertenecen a una persona, y que pueden ser valorados económicamente. El patrimonio incluye tanto bienes tangibles, como inmuebles, vehículos y otros activos físicos, como bienes intangibles, como acciones, fondos de inversión, marcas y patentes, entre otros.
Por otro lado, el orden socioeconómico se refiere al conjunto de normas y principios que regulan las relaciones económicas y sociales de una sociedad, y que buscan garantizar la seguridad, justicia y equidad en la distribución de recursos y oportunidades.
Los delitos económicos son un tipo delictivo incluido en el Título XIII del Código Penal, bajo el epígrafe “Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico”. Comprende desde artículo 234 hasta el 304 ter
Si bien, estos actos delictivos se caracterizan por el ánimo de lucro y el engaño. Quien lo comete persigue obtener un beneficio patrimonial, ya sea propio o para un tercero, pero en todo caso causando un perjuicio a otra persona. El Código Penal, con la persecución de estas conductas delictivas busca garantizar la protección de los conceptos explicados en el apartado anterior, es decir, el patrimonio y el orden socioeconómico.
La actuación letrada ante un delito económico requiere de un profundo conocimiento y especialización, pues se trata de procedimientos complejos que en ocasiones sobrepasan los limites de lo estrictamente jurídico para requerir, a su vez, de conocimientos financieros.
Esta complejidad provoca que la elección de abogado sea especialmente importante en los delitos financieros. Por ello, como penalista me he preparado para afrontar casos de elevada complejidad técnica. Gracias a mi formación financiera, puedo actuar con seguridad ante cualquier tipo de delito económico.
El Código Penal recoge una amplia variedad de conductas consideradas delitos económicos. Es fundamental conocer cuáles son los diferentes tipos existentes, pues esto nos permite entender la gravedad de estas conductas y las consecuencias legales que se les imponen a quienes las cometen. Estos son algunos de los delitos en los que intervengo.
Se considera que cometen una estafa aquellos que con ánimo de lucro y mediante el engaño, inducen a otra persona a realizar una acción que le perjudica a sí misma o a otra.
Este delito se encuentra recogido en el artículo 248 del Código Penal. La pena del tipo básico varia entre 6 meses y 3 años, aunque si el valor de lo defraudado no supera los 400 euros, la pena pasa a ser de multa de 1 a 3 meses.
Para cometer un fraude, a diferencia de con la estafa no se exige que exista ánimo de lucro, sino que basta con utilizar el engaño para obtener cualquier tipo de beneficio de otra persona, resultando esta última perjudicada. Aunque se suele confundir con la estafa, en realidad el fraude se presenta en varias modalidades, como son el fraude fiscal, electoral, bancario, electoral, etc.
Este delito al tener diferentes modalidades, estas se encuentran recogidas en diferentes artículos del Código Penal, variando también las penas a imponer.
Los delitos societarios abarcan conductas fraudulentas relacionadas con empresas y sociedades, como el uso indebido de información privilegiada, la manipulación de cuentas o la emisión de valores falsos. Estos delitos tienen sanciones específicas según el tipo de conducta y están regulados en distintos artículos del Código Penal.
La falsedad contable consiste en la manipulación de registros contables con el fin de ocultar información financiera relevante. Estos delitos se encuentran regulados en el Código Penal y pueden conllevar penas de prisión o multas, dependiendo de la gravedad de la conducta y sus consecuencias.
El blanqueo de capitales implica la conversión de fondos ilícitos en activos aparentemente legales. El Código Penal contiene disposiciones específicas para combatir este tipo de delito, estableciendo penas severas para quienes participen en actividades de blanqueo de dinero.
La apropiación indebida se produce cuando alguien se apropia de manera injusta de bienes que se le han confiado para su custodia o administración. Este delito está regulado en el Código Penal y las penas varían en función del valor de los bienes apropiados.
Los delitos de administración desleal implican una gestión fraudulenta o deshonesta de los recursos de una empresa o sociedad. Estas conductas están penadas según la gravedad de la administración desleal y se encuentran reguladas en el Código Penal.
Los delitos de falsificación incluyen la falsificación de documentos, moneda, sellos y otros objetos con el fin de engañar o defraudar. Estos delitos tienen diversas modalidades y están sancionados en el Código Penal con penas que varían en función del tipo de falsificación realizada.
Los delitos contra la Hacienda Pública se refieren a la evasión o el fraude fiscal. El Código Penal establece sanciones para quienes ocultan ingresos o manipulan información para eludir el pago de impuestos.
Los delitos contra la Seguridad Social involucran la comisión de fraude o engaño en relación con los beneficios y cotizaciones sociales. El Código Penal establece penas específicas para quienes cometen este tipo de delitos.
Cometer un delito económico conlleva importantes consecuencias legales, además de un gran impacto en la vida personal y profesional del infractor. Quienes son declarados culpables de cometer delitos económicos, como estafas, fraudes, blanqueo de capitales o evasión fiscal, enfrentan severas penas que pueden incluir prisión y multas significativas.
Uno de los aspectos más destacados de las consecuencias legales de los delitos económicos es el registro de antecedentes penales, que puede tener un impacto duradero en la vida del condenado. Estos antecedentes penales pueden limitar las oportunidades de empleo, acceso a crédito y desarrollo profesional durante muchos años.
Además, los procedimientos penales relacionados con delitos económicos suelen ser complejos y requieren una representación legal especializada. Por lo tanto, contar con un abogado penalista con experiencia en este tipo de delitos es esencial para enfrentar adecuadamente las consecuencias legales y defender los derechos del acusado en un entorno legal altamente complejo.
La prueba es un elemento clave en los delitos económicos, ya que a menudo pueden resultar difíciles de obtener, especialmente cuando el delito ha sido cometido en privado o sin testigos. A continuación, te enumero algunas de las pruebas más comunes en los procedimientos penales por delitos económicos.
La revisión de registros financieros, como estados de cuentas bancarias, transacciones comerciales y declaraciones de impuestos, puede proporcionar pruebas sustanciales de actividades delictivas, como el fraude fiscal o el blanqueo de capitales.
Los peritos contables y financieros pueden llevar a cabo auditorías forenses para identificar irregularidades financieras, malversación de fondos, falsificación de registros o cualquier otra actividad delictiva relacionada con las finanzas de una empresa o individuo.
Las declaraciones de personas involucradas en las transacciones financieras o que tengan conocimiento de los hechos pueden proporcionar información crucial sobre las actividades ilegales y la participación de los acusados
La recopilación de pruebas electrónicas, como correos electrónicos, registros de transacciones en línea o comunicaciones financieras, puede ayudar a demostrar la participación en delitos económicos.
La detección de documentos falsificados, como facturas o contratos, puede servir como evidencia de delitos de falsificación o estafa.